El Consejo del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes repudia enérgicamente el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
Se trata de una condena anticipada, decidida hace años por una red de jueces, fiscales, funcionarios políticos y empresarios corruptos. Se trata del corolario de una persecución sin precedentes a una dirigente política, una acción que pretende destruir un proyecto político y un sistema democrático que creíamos consolidado.
Es un momento histórico clave y definitivo: o las corporaciones empresariales, mediáticas y judiciales coartan la voluntad popular y disciplinan a la dirigencia política, o fortalecemos desde las bases el sistema democrático que supimos construir.
Más allá de cualquier liderazgo y militancia partidaria, estamos frente a una etapa liminar en la que se requiere del compromiso y la convicción de que sólo la unidad de la clase trabajadora puede garantizar la esperanza de un gobierno para las mayorías.
El accionar de los sectores del poder concentrado, cuyo frente visible son el aparato judicial y el mediático (evidenciado también en la persecución contra las organizaciones sindicales) plantea una vez más la imperiosa necesidad de restablecer la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reforma judicial.
La condena contra CFK coincide, además, con la revelación de chats en los que se exhibe obscenamente la asociación entre jueces, empresarios periodísticos y funcionarios macristas. Esta situación escandalosa daña gravemente el Estado de derecho, mostrando los hilos que tejen un Estado paralelo que busca anular los mecanismos de una democracia plena.
La cultura, las artes, el teatro y la universidad no pueden menos que declararse en estado de alerta y movilización ante las nuevas formas de golpear los gobiernos democráticos populares que tienen en nuestra Latinoamérica ya demasiados ejemplos.
Es un momento histórico clave y definitivo: o las corporaciones empresariales, mediáticas y judiciales coartan la voluntad popular y disciplinan a la dirigencia política, o fortalecemos desde las bases el sistema democrático que supimos construir.
Más allá de cualquier liderazgo y militancia partidaria, estamos frente a una etapa liminar en la que se requiere del compromiso y la convicción de que sólo la unidad de la clase trabajadora puede garantizar la esperanza de un gobierno para las mayorías.
El accionar de los sectores del poder concentrado, cuyo frente visible son el aparato judicial y el mediático (evidenciado también en la persecución contra las organizaciones sindicales) plantea una vez más la imperiosa necesidad de restablecer la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reforma judicial.
La condena contra CFK coincide, además, con la revelación de chats en los que se exhibe obscenamente la asociación entre jueces, empresarios periodísticos y funcionarios macristas. Esta situación escandalosa daña gravemente el Estado de derecho, mostrando los hilos que tejen un Estado paralelo que busca anular los mecanismos de una democracia plena.
La cultura, las artes, el teatro y la universidad no pueden menos que declararse en estado de alerta y movilización ante las nuevas formas de golpear los gobiernos democráticos populares que tienen en nuestra Latinoamérica ya demasiados ejemplos.